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Aportes del CJ al anteproyecto de ley española que garantice los derechos humanos y ambientales

El pasado 14 de febrero, el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030 publicó una consulta pública como paso previo a la redacción de un anteproyecto de Ley que garantice la protección de los derechos humanos y ambientales en las actividades de las empresas multinacionales.

Esta consulta pública está abierta a la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales, quienes pueden enviar sus aportaciones y documentación en relación al anteproyecto de dicha Ley. El plazo para participar finaliza el 3 de marzo.

nte ello, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha remitido un texto con propuestas que recogen tanto las reivindicaciones de la Plataforma por Empresas Responsables, entidad de la que formamos parte, y también del movimiento de Comercio Justo internacional.

Entre los aspectos que la CECJ hemos incluido en nuestras propuestas, destacan:

  • Las cadenas de suministro mundiales se caracterizan por la desigualdad de poder entre sus distintos eslabones, lo que genera un reparto del valor desigual e injusto. Por eso, la futura Ley debe “garantizar un impacto positivo a lo largo de las cadenas de suministro para las pequeñas organizaciones agrícolas y artesanas del Sur Global y para sus trabajadores y trabajadoras”.
  • La debida diligencia de las empresas es un paso ineludible que el mercado está exigiendo, y, por tanto, que es necesario regular para garantizar criterios de cumplimiento y de valoración.

Sobre los objetivos de la futura norma, consideramos que de manera específica la ley debe:

  • Obligar a las empresas a desarrollar los planes de debida diligencia, así como sancionar el incumplimiento de esta obligación. Esta obligación debe abarcar a empresas todos los tamaños y de todos los sectores, y debe incluir orientaciones complementarias para sectores específicos de alto riesgo para los derechos humanos.
  • Asegurar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas que han sufrido la vulneración de los derechos humanos y medioambientales.
  • Nombrar una autoridad competente, con medios adecuados, que vele por su aplicación.
  • Abordar las prácticas comerciales, ya que en las cadenas de suministro mundiales son habituales malas prácticas como plazos de entrega insuficientes, cambios de última hora en los pedidos, precios por debajo de los costes de producción sostenible y reclamaciones de calidad fraudulentas, lo que contribuye a la violación de los derechos humanos.
  • Referirse a los salarios e ingresos dignos como derechos humanos y como condiciones previas para otros derechos humanos y para la protección del medio ambiente.
  • Incorporar la perspectiva de género, ya que, en muchas ocasiones, las mujeres sufren los efectos adversos de las actividades empresariales de manera diferente y desproporcionada.