La Unión Europea llegaron ha llegado a un acuerdo político sobre las cuestiones más polémicas para las normas de conducta empresarial, que establecerá la futura Directiva. Según la normativa, las grandes empresas multinacionales tendrán que hacer frente a los riesgos para las personas, las comunidades y el medioambiente, vinculados a sus operaciones y a sus relaciones comerciales. Además, las víctimas podrán exigir responsabilidades a las empresas ante los tribunales de la UE si se ven perjudicadas por sus actividades.

Desde su creación, la PER ha trabajado para que se establezcan normas vinculantes que apliquen los estándares internacionales de derechos humanos para exigir a las empresas que aborden los derechos humanos y los riesgos ambientales a través de sus cadenas de valor. Por ello, la PER acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado sobre la inclusión de medidas muy necesarias para las víctimas de abusos corporativos, y en particular, permitir un mayor acceso a las pruebas y plazos razonables para presentar reclamaciones.

Sin embargo, la presión de Estados Miembro de la UE, de actores económicos y de los lobbies de la industria para diluir esta regulación han logrado que se pierda la oportunidad de introducir un cambio transformador en la forma de operar de las empresas transnacionales. Los servicios financieros han quedado inexplicablemente exentos de realizar procesos de diligencia debida.  Las obligaciones climáticas siguen siendo insuficientes y, de manera preocupante, han sido excluidas del alcance de la responsabilidad civil, aunque las empresas, incluidos algunos actores financieros, deberán adoptar y poner en marcha planes de transición climática.

El Parlamento Europeo, representado por la ponente Lara Wolters, el Consejo de la UE, coordinado por la Presidencia española, y la Comisión Europea han alcanzado un acuerdo político. Sin embargo, el texto final que compondrá la Directiva sigue pendiente. 

Serán necesarias reuniones técnicas para perfeccionar el acuerdo político tras el diálogo a tres bandas y garantizar que no existen lagunas. A continuación, el Consejo, bajo la próxima presidencia belga, y posteriormente el Parlamento Europeo, votarán para aprobar el texto final, allanando el camino para la aplicación de la directiva a nivel nacional. Se espera que el texto final se vote en torno a marzo de 2024.