La  ministra de sanidad Luisa Carcedo recibió una carta donde se le informa de los casos documentados. Embarazadas, menores y solicitantes de asilo sin derecho a ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud, apoyadas por organizaciones de salud y derechos humanos, llevamos a cabo un acto de protesta frente al Ministerio de Sanidad  a pesar de que hace un año el Gobierno anunciara que el país recuperaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

Gran número de casos excluidos del sistema sanitario

Desde la entrada en vigor del RDL 7/2018, se han detectado al menos de 1358 casos entre los que se cuentan 55 mujeres embarazadas; 116 menores de edad, 44 solicitantes de asilo, 85 facturaciones en urgencias, 35 personas reagrupadas o 626 personas que no han podido ver reconocido su derecho como consecuencia de las barreras administrativas existentes. Y como resultado de estas exclusiones no han sido atendidas 23 casos de cáncer, 22 casos de enfermedades cardiovasculares, 24 casos de diabetes, 21 casos de hipertensión, 12 casos de VIH o 14 casos de salud mental grave. Las cifras resultan elocuentes: no se trata de casos aislados, sino de una grieta de nuestro sistema de salud.

El caso de Magali Torres, venezolana viuda de un español de origen, es llamativo. Se le ha denegado la tarjeta de sanidad  (no así a Adriana, su hija) y se encuentran en un calvario de juicios.

O el caso de Edson Holanda, estudiante brasileño a cuyos hijos les ha sido denegada la tarjeta sanitaria. A pesar de tener un seguro privado que no cubre la enfermedad crónica de unos de los niños, Sanidad le ha negado el tratamiento.

Normativa poco clara y regresiva en algunos aspectos

A pesar de que el RDL 7/2018 ha constituido un avance para el Sistema Nacional de Salud en la medida en que reniega del modelo de aseguramiento del anterior reglamento -RDL 16/2012-, la nueva regulación es claramente insuficiente, ya que no solo no recupera el nivel de acceso previo a la reforma de 2012 sino que, en algunos aspectos, es incluso regresiva respecto a lo recogido en dicha reforma, al no mencionar expresamente en todo caso y sin excepción, tal y como se indica más arriba, la atención sanitaria de las personas extranjeras en situación de mayor vulnerabilidad. 

Las organizaciones queremos romper ese muro de exclusión sanitaria

Por ello, las organizaciones recuerdan una vez más al Gobierno los compromisos adquiridos en virtud de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, en particular las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales al Gobierno español en abril de 2018 que instan a adoptar las medidas necesarias para que las personas migrantes tengan acceso a los servicios de salud sin discriminación alguna.

Una sanidad que priorice la prevención otorgando cobertura a toda la población, sin exclusiones, es una sanidad más eficiente y menos costosa –pues reduce el número de hospitalizaciones y minimiza los riesgos de salud pública, entre otras– fortaleciendo el Sistema Nacional de Salud en beneficio de toda la sociedad.