La recaudación fiscal en España en relación con su PIB viene siendo históricamente muy inferior a la media de los países de la Unión Europea1. Asimismo, nuestro gasto público está, en buena medida, por debajo de la media de los países de la Unión2.
Los últimos estudios sobre opinión pública y política fiscal, publicados desde hace años por el CIS, informan que la población española considera, mayoritariamente, que se dedican pocos recursos a educación, protección al desempleo, vivienda, pensiones y otras prestaciones sociales, cuidado del medioambiente, ciencia e investigación, ayuda a la dependencia, cooperación al desarrollo y sanidad, entre otros servicios públicos. Y esta opinión de la ciudadanía es ideológicamente transversal, ya que es mayoritaria con independencia del partido votado.
Tras la actual crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19 y sus durísimas consecuencias económicas para personas sin ingresos, trabajadoras y trabajadores por cuenta propia y ajena y pequeñas empresas, se hace más necesario que nunca consolidar y reforzar nuestro estado de bienestar, sin olvidar la cooperación internacional. Y no solo en sanidad e investigación, cuyas carencias la crisis sanitaria ha puesto en evidencia, sino también en todos los pilares que, según la Constitución de 1978, vertebran y dan sentido al Estado social y democrático de derecho contemplado en su artículo primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pilar Europeo de los Derechos Sociales. Así opina la ciudadanía, que se inclina, mayoritaria y transversalmente, por mejorar los servicios públicos, aunque haya que pagar más impuestos.
Los impuestos, en el marco de un sistema tributario suficiente y justo, suponen la herramienta necesaria para financiar nuestro estado de bienestar y contribuir a la redistribución de renta y riqueza, así como a la protección del medio ambiente. Los impuestos deben aplicarse atendiendo a los principios de igualdad, generalidad y progresividad, de forma que todos contribuyan de acuerdo con su capacidad económica. Además, se debe asegurar el principio de igualdad efectiva de hombres y mujeres en el diseño y aplicación de la política fiscal.
Desgraciadamente, los impuestos no se recaudan justamente: no paga más quien más tiene y así lo cree el ochenta y tres por ciento de la población, como así lo refleja el último estudio sobre opinión pública y política fiscal del CIS. Es necesario adoptar las medidas de reforma necesarias para revertir esta situación. Medidas que, asimismo, habría que extender a la gestión del gasto público: una gestión que debería ser más transparente. Se debe exigir mayor responsabilidad a sus gestores y sensibilizar a la ciudadanía, todo ello con el objetivo de que la propia sociedad penalice los comportamientos defraudatorios.
En consecuencia, los firmantes de este manifiesto demandamos a las fuerzas políticas un acuerdo para afrontar una reforma tributaria que haga realmente efectivos los principios de suficiencia, generalidad, igualdad y progresividad. Reclamamos que se devuelva el protagonismo a los impuestos directos, que gravan a las personas y empresas según su nivel de renta o riqueza, frente a los indirectos, que afectan en mayor medida a quienes menos rentas y capacidad adquisitiva tienen. Asimismo, dicha reforma debe poner coto a los mecanismos de elusión fiscal, que grandes empresas y fortunas utilizan para evitar o reducir el pago de sus impuestos. Esto debe incluir una lucha decidida contra los mal denominados paraísos fiscales, que sería más acertado denominar guaridas fiscales, debiendo penalizar a cuantos se sirvan de ellos, directa o indirectamente. El acuerdo político debe incluir un pacto de Estado contra el fraude fiscal que reduzca sustancialmente su elevado nivel, dotando a las Administraciones tributarias de los medios necesarios a tal fin y desplazando la investigación hacia las grandes bolsas de fraude, mediante la intensificación del control tributario de grandes contribuyentes.
(1) La diferencia de presión fiscal en 2018 fue de un 4,9% del PIB, si tomamos como referencia la UE a 27 o un 6,3% si nos comparamos con la media de los países de la Eurozona.
(2) La diferencia de gasto público en 2018 fue de un 4,1% del PIB, si tomamos como referencia la UE a 27 o un 5,3 si nos comparamos con la media de los países de la Eurozona.
