El texto aprobado del “Plan de acción para la transformación del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la era post-covid19” contiene algunos puntos muy positivos, como la creación de un Centro Estatal de Salud Pública, avances como el desarrollar un plan de acción para la reducción de desigualdades en salud en España y victorias rotundas como una apuesta decidida por la Atención Primaria. 

Pero dado su carácter de acuerdo político adolece de concreción, y aunque el camino que señala puede ser bueno, aún queda mucho trabajo por hacer para reforzar el SNS. Van a ser necesarios más esfuerzos para definir bastantes aspectos que aparecen en este Plan de Acción como por ejemplo, concretar la financiación del sistema, establecer unos planes de recursos humanos sanitarios que sean adecuados a las necesidades de la población, cerrar la puerta definitivamente a las privatizaciones, o una intervención más ambiciosa en el mercado farmacéutico y en la Salud Pública. Y no podemos pensar que todo esto se puede hacer de la noche a la mañana.

La pandemia debida al SARS-COV2, virus productor de la COVID-19, pilló a España con un Sistema Nacional de Salud debilitado por muy diversas razones. Años de recortes en el gasto en salud, utilizando el chantaje de la deuda y décadas de privatización de servicios esenciales como la limpieza, cocinas, lavanderías, laboratorios, diagnóstico por la imagen, etc., con el correspondiente deterioro del servicio y cuyos concesionarios son bancos, inmobiliarias, farmacéuticas o fondos de capital-riesgo… El resultado: desmantelamiento de la sanidad pública e insoportables listas de espera. La consecuencia, el ascenso meteórico de las pólizas de las aseguradoras privadas y del negocio de la sanidad privada a través de los conciertos de actividades rentables, únicos presupuestos que crecían en los años de recorte de la pública. Pues bien, esto no se menciona en todo el dictamen. No se menciona la Ley 15/97, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, ni el artículo 90 de la Ley General de Sanidad que facilitaba todo esto. En un documento que plantea soluciones es muy importante empezar con un análisis profundo del origen de buena parte de los males del SNS. Sin este análisis, es muy complicado que este Plan dé respuesta a lo que la mayor parte de los españoles desearía, unos mejores servicios públicos, incluso si deben pagar más impuestos.

Cambiar el rumbo de deterioro que desde hace décadas lleva la política pública de salud y nuestro Sistema Nacional de Salud requiere una acción decidida para ganar salud y con ello conseguir, además de evitar enfermar, que necesitemos lo menos posible la ayuda de los servicios asistenciales. Requiere una apuesta decidida por la Salud Pública y la Atención Primaria de Salud.

La primera, de nuevo, no parece salir demasiado bien parada, su tratamiento en el Dictamen deja un sabor agridulce y sigue siendo una hermana pobre, con escasos compromisos firmes y sin calendario de ejecución, dejando la Salud Pública como un apéndice que adorna al resto del sistema de salud. Tal vez por ello en demasiadas Comunidades Autónomas no se han tomado realmente en serio la necesidad del trabajo de campo epidemiológico para detener la COVID-19, y se han conformado con centralitas y aplicaciones informáticas que están demostrando en los rebrotes su inutilidad.

Es curioso, al menos, que la parte dedicada a Salud Pública del Dictamen comience con: "Desarrollar e implementar la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública", ¡se viene a acordar que hace 9 años aprobaron una Ley que no se cumple! Y a partir de ahí se pone deberes poco concretos al gobierno y a la Comunidades Autónomas, pero ninguno al Parlamento, olvidándose que no todo es COVID-19. Es también necesario promulgar leyes más estrictas contra al consumo de tabaco o sobre alimentos insalubres que están en el origen de buena parte de la morbimortalidad de la población. La necesidad de afrontar los determinantes sociales y comerciales de la salud a nivel global y estatal, deberían ser unas de las funciones más relevantes del Centro Estatal de Salud Pública que se pretende crear.

En atención primaria la música suena algo mejor. Entre otras cosas, se propone desarrollar e implementar el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria que fue aprobado mayoritariamente en su día por el Consejo Interterritorial del SNS, aunque tuvo algunas abstenciones y recibe aquí un buen refrendo; reforzar con urgencia  la atención primaria como pilar esencial del Sistema y, especialmente,  sus recursos y su faceta comunitaria; medidas para abordar la precariedad laboral y cubrir puestos poco atractivos; impulsar la enfermería comunitaria y la atención domiciliaria; reordenar la atención para cubrir los centros sociosanitarios mediante una mejor coordinación con los servicios sociales; así como reforzar los mecanismos de coordinación entre atención primaria, atención hospitalaria, dispositivos de urgencia, salud pública, los servicios sociales, los de atención primaria y los centros residenciales para garantizar la continuidad efectiva de cuidados integrales e integrados en una red de atención sociosanitaria. Vuelve a faltar también en este aspecto, (como en todos y, quizás, no podría ser de otra forma) concreción en calendario y financiación.

En cuanto a la gobernanza del sistema, se reafirman los valores y principios del SNS; fortalecen la cogobernanza, la cooperación y la coordinación entre las Comunidades Autónomas, y entre ellas y el Ministerio de Sanidad; pretenden fortalecer los principios de buen gobierno y el papel del Ministerio en el marco de un sistema descentralizado, y proponen actualizar la legislación sanitaria estatal y autonómica.

En materia de recursos humanos, se propone mejorar los sistemas de contratación para acabar con la temporalidad y la precariedad; impulsar el desarrollo profesional; desarrollar actuaciones para afrontar el estrés postraumático de los profesionales tras la crisis del Covid-19; poner en marcha planes para afrontar epidemias; aumentar el número de plazas de formación sanitaria especializada “allí donde se requiera” (sin definir quien, por qué y cómo se decide ese personal, con el riesgo de medicalizar la vida), y establecer planes de refuerzo para situaciones especiales. Se habla también de formación pre, postgrado y continuada orientada a las necesidades del SNS y dice: “la formación continuada debe fomentarse, tutelarse y financiarse por las administraciones sanitarias. En este propósito se pretende que esta formación (¡por fin!) sea independiente de la industria farmacéutica, que ante la inactividad del sistema público ha sido quien ha tomado las riendas de la formación en España, con un evidente conflicto de intereses. Pero en esta formación también deben de tener presencia, no solamente las instituciones públicas sanitarias. La participación de las universidades y los colegios profesionales es absolutamente necesaria.

En investigación, se pretende impulsar la I+D+i en salud, incrementando los recursos, reforzar la colaboración público-privada con la industria farmacéutica, biotecnológica y otras; fortalecer las capacidades de investigación de los centros del SNS integrando científicos en sus plantillas; poner en marcha una estrategia de transformación digital del SNS; favorecer la transferencia de conocimiento del sistema público de investigación; poner en marcha un Plan de Renovación de Tecnología Sanitaria; y crear un nuevo Fondo de Innovación Sanitaria, para financiar entre otras, terapias tuteladas y medicamentos de alto coste. En este campo, es necesario también que la relación público privada esté siempre determinado por el derecho a la salud de todas las personas, antes que por posibles beneficios privados.

En financiación hay una apuesta clara por incrementar recursos con un aumento del total de la inversión pública en sanidad hasta alcanzar al menos la media europea en porcentaje del PIB al final de la legislatura. Aunque según diversas ONG de salud, el aumento de gasto debería ser ajeno al PIB, porque este indicador fluctúa y disminuye en tiempos de crisis. Estas ONG apuestan por una mejora equivalente a 1.000 euros más por persona y año y se debería asignar un porcentaje del presupuesto en salud a áreas infradotadas como un 25% del presupuesto público a Atención Primaria; un 2,5%, a Salud Pública; y un 2%, a investigación en salud.

Aunque hay una apuesta por la eliminación de los copagos sería, al mismo tiempo, necesario una política clara de hacer más trasparentes los procesos de aprobación y financiación de los fármacos en el sistema público de salud; políticas que regulen los conflictos de interés y garanticen la plena independencia en la toma de decisiones; más apoyo a las investigaciones con datos compartidos y licencias abiertas, no exclusivas para facilitar el acceso a, por ejemplo, la vacuna contra la COVID-19 a precios asequibles para toda la población, como pedíamos en la campaña sobre medicamentos a precio justo.

Hay intervenciones urgentes, especialmente las destinadas a combatir la Pandemia y en este campo lo primordial pasa por reforzar la Atención Primaria de Salud y la Salud Publica. Los primeros pasos los vamos a ver en los Presupuestos que deben aprobarse. Ahí veremos el compromiso real de cada grupo político con el auténtico refuerzo del SNS.

Eduardo García Langarica, Presidente de la Federación de Asociaciones  medicusmundi