El Informe Especial sobre el estado de los derechos sexuales y derechos reproductivos con énfasis en niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador, elaborado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), revela que las cifras registradas de embarazos en niñas y adolescentes se han mantenido en los últimos 10 años y han aumentado en las edades de 10 a 14 años.

Dicho informe, presentado en octubre de 2015, tiene como propósito analizar el nivel de cumplimiento de los derechos humanos, específicamente de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes entre 10 y 18 años, con énfasis en el embarazo temprano.

En este artículo no pretendemos realizar un resumen del mismo, sino que vamos a tratar de tener en cuenta algunas cuestiones que contextualicen esta situación para después relacionarlas con el trabajo que medicusmundi realiza en El Salvador.

Consecuencias del embarazo en niñas y adolescentes

Como menciona el informe, “las consecuencias del embarazo en niñas y adolescentes son multidimensionales y violatorias a sus derechos humanos, y afectan a su proyecto de vida”, estamos ante un hecho que condiciona sus vidas y además les deja en una situación de vulnerabilidad muy complicada: Las niñas y adolescentes embarazadas entran en una peligrosa espiral que las empuja en muchas ocasiones a la exclusión. Situación que “heredan” sus hijos e hijas, perpetuando así el círculo de la pobreza.

Como menciona el informe, “las consecuencias del embarazo en niñas y adolescentes son multidimensionales y violatorias a sus derechos humanos, y afectan a su proyecto de vida”, estamos ante un hecho que condiciona sus vidas y además les deja en una situación de vulnerabilidad muy complicada: Las niñas y adolescentes embarazadas entran en una peligrosa espiral que las empuja en muchas ocasiones a la exclusión. Situación que “heredan” sus hijos e hijas, perpetuando así el círculo de la pobreza.

El informe destaca un aspecto clave: Es fundamental trabajar la prevención del embarazo adolescente si queremos terminar con esta situación y garantizar que se cumplen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La violación de los derechos humanos de las mujeres que se analiza en el informe lo hace en referencia, y cito para no perder detalle: “al derecho a la vida de las mujeres embarazadas; el derecho a la salud; el derecho a la no discriminación; el derecho a vivir libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el derecho a la vida privada que debe ser garantizado por las instituciones vinculadas a los sistemas de salud y justicia que son responsables de la atención de las niñas, adolescentes y mujeres que enfrentan complicaciones gestacionales y obstétricas. Además, se vulnera su derecho a la protección y a decidir con autonomía sobre su cuerpo”.

La penalización absoluta del aborto (reforma legislativa año 1977), es otra clara violación de los derechos de las mujeres que, como dice el informe, “presentan complicaciones obstétricas que derivan en la pérdida del producto. Ellas, al buscar atención médica, son vulneradas en su derecho a la confidencialidad, pues el Código Penal obliga a los prestadores de servicios de salud a dar aviso a las instituciones de justicia (Policía Nacional Civil [PNC] y Fiscalía General de la República [FGR]) so pena de ser cómplices del aborto, incluso cuando existe sospecha de aborto”. En la actualidad hay 17 mujeres condenadas a altas penas de cárcel, que pueden llegar incluso a los 30 años, por este motivo.

El trabajo de medicusmundi NAM en El Salvador

En medicusmundi consideramos el embarazo en la adolescencia y la carga de enfermedad y mortalidad ligada a la Salud Sexual y Reproductiva, como problemas prioritarios de salud pública de primera magnitud en El Salvador y la región centroamericana, apostando por el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria. 

Para ello trabajamos en nuestras intervenciones acciones encaminadas a combatir el problema mediante las siguientes estrategias esenciales:

- Organización y articulación de redes que permitan un acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a la población históricamente excluida de su Derecho a la salud.

- El desarrollo de capacidades en el sistema sanitario mediante la formación de personal y el impulso de las investigaciones que permitan conocer con mayor profundidad la determinación social y los efectos que la salud sexual y reproductiva tienen en las poblaciones.

- Mejora en el sistema de información y de vigilancia epidemiológica que permita una dimensión oportuna de los problemas de salud sexual y reproductiva en los servicios sanitarios.

- La transversalización del enfoque de género en todas nuestras intervenciones: promoviendo agendas de incidencia de movimientos sociales feministas  y la participación social para una respuesta conjunta a los principales problemas de salud sexual y reproductiva. Esto incluye incluyendo la revisión del código penal para permitir el aborto por causas terapéuticas, esto es, cuando el embarazo pone en riesgo directo de muerte a la mujer, impide el tratamiento oportuno de enfermedades (como el caso de determinados tratamientos de quimioterapia) o es incompatible con la vida del feto.