La economía mundial se encuentra en una encrucijada. Tendrá que valorar hacia dónde se encamina. Si elige años venideros de austeridad y crisis de deuda, o la adopción de un marco macroeconómico compatible con la lucha contra la desigualdad, la búsqueda de la justicia climática, la consecución de los derechos humanos y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esa es la razón por la que nos hemos unido 482 organizaciones: para firmar una declaración que expone la preocupación por las recomendaciones del FMI para que los países retornen a la austeridad una vez que la crisis actual llegue a su fin. Esta pandemia ha puesto al descubierto las repercusiones irreparables de inversiones sistemáticamente débiles en salud, educación y protección social, siendo quienes más las sufren las poblaciones marginadas, incluidas las mujeres, las personas mayores, las minorías raciales y étnicas, los trabajadores informales y las familias de bajos ingresos. Esta crisis también ha revelado la contracción de las clases medias y el agravamiento de la brecha entre ricos y pobres.

El FMI ha hablado repetidamente de la necesidad de una recuperación justa y ecológica. Ha resaltado que la desigualdad económica y de género, el cambio climático y la mala gobernanza pueden debilitar el crecimiento y socavar la estabilidad. En los últimos años desarrolló una guía operativa para su personal sobre cómo incorporar el análisis de género y desigualdad económica en su trabajo, y aprobó un marco macroeconómico para el gasto social. Todo esto sugería que el FMI estaba dispuesto a utilizar su influencia y autoridad para ayudar a los países a reducir la desigualdad.

Sin embargo, a pesar de esta retórica y sus propias advertencias sobre la profundización de la desigualdad, en los últimos meses el FMI ya ha comenzado a comprometer a varios países en nuevos programas de préstamos a largo plazo condicionados por políticas de austeridad. Más allá de la condicionalidad en estos programas recientes, observamos que una cantidad significativa de los paquetes de financiamiento de emergencia COVID-19 del FMI contienen lenguaje que promueve la consolidación fiscal en la fase de recuperación. Y con los gobiernos actualmente mostrando dificultades para pagar crecientes servicios de deuda y ante la expectativa de seguir necesitando niveles extraordinarios de financiación externa en los próximos años, los programas de préstamos del FMI y las condiciones que los acompañen, jugarán un papel muy influyente en la configuración del panorama económico y social en las secuelas de esta pandemia.

La austeridad impulsada por la consolidación fiscal solo agravaría la pobreza y la desigualdad y socavaría el logro de derechos económicos y sociales. Las propias investigaciones del FMI corroboran esto. Una y otra vez, la consolidación fiscal rígida y rápida condicionada por los programas del FMI ha significado recortes devastadores en las inversiones en salud y educación, pérdidas de pensiones y políticas de protección social ganadas con mucho esfuerzo, congelamiento de salarios públicos, despidos y exacerbación de la carga del trabajo del cuidado no remunerado. En todos los casos, son las personas más vulnerables de las sociedades las que cargan la peor parte de estas reformas, mientras que la élite, las grandes corporaciones y los acreedores disfrutan de los beneficios. Aparte de sus impactos directos, la consolidación fiscal no garantiza la recuperación económica y la creación de nuevos puestos de trabajo, y la rápida consolidación podría, en cambio, profundizar la recesión. Tampoco generará una transición justa hacia economías resilientes al cambio climático.

En lugar de recortes y austeridad, es fundamental crear espacio fiscal y dar a los gobiernos el tiempo, la flexibilidad y el apoyo para lograr una recuperación sostenible, inclusiva y justa. Se necesitan medidas inmediatas y urgentes para respaldar la salud financiera de los países a través de donaciones y otro tipo de financiamiento altamente concesional, el apoyo a la cancelación y reestructuración de la deuda y la emisión de una nueva asignación de Derechos Especiales de Giro.  Sin embargo, los esfuerzos de recuperación a mediano y largo plazo deben continuar promoviendo un mayor espacio fiscal y de políticas que permitan un aumento, en lugar de una disminución, del gasto social y políticas fiscales progresivas que recauden suficientes ingresos y redistribuyan la riqueza de una manera justa.