La nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión contiene mejoras sustanciales, respecto al anteproyecto de Ley, orientadas a eliminar  las graves amenazas que tensionan  nuestro sistema sanitario como es el caso de los copagos y la gestión privada dentro de la sanidad pública.. A pesar de las mejoras, la Ley no resuelve algunos problemas o lo hace parcialmente.

 Se recupera  aparentemente la universalidad, garantizando el derecho a sanidad pública gratuita a las  ciudadanas y ciudadanos españoles y familiares directos que residan en el extranjero, y a ciertos colectivos que no pueden acreditar su residencia en España ni tengan derecho a la sanidad. Incluya a las víctimas de la trata de personas. Sin embargo, se sigue exigiendo a los migrantes en situación irregular un informe preceptivo previo favorable que acredite su voluntad de residir en España, emitido por los servicios sociales competentes de las Comunidades Autónomas. Sólo si cumplen este requisito tendrán derecho a ser atendidos desde el momento de presentar la solicitud, pero con riesgo de cobro de la atención recibida si el resultado es negativo.

La ley presume de impedir la privatización pero abre la puerta a que “de forma excepcional, justificada y motivada objetivamente, y solo cuando no sea posible la prestación directa de los servicios públicos que integran el Sistema Nacional de Salud”.Eso sí, exige a las administraciones autonómicas “justificar para conciertos privados la insuficiencia de medios propios para dar respuesta a los servicios y prestaciones". No define ni limita claramente las excepcionalidades. No parece que sea la manera de blindar el Sistema Nacional de Salud de las ambiciones privatizadoras.

Finalmente celebramos que la cartera de servicios común del SNS incluya la salud mental y los cuidados paliativos, si bien no vemos razonable que no incorpore la salud sexual y reproductiva y la eutanasia.

Haciendo un poco de historia conviene recordar que fue el gobierno de José María Aznar, apoyado por el PSOE, quien abrió la puerta a la privatización de nuestro SNS con la ley 15/1997. La Ley dejaba  en manos de las diferentes administraciones autonómicas qué porcentaje de la gestión de sus sistemas de salud se gestionaba de esa forma, lo que originó las grandes diferencias que caracterizan nuestros diferentes servicios autonómicos de salud (desde un 24% en Cataluña a un 4 % en Andalucia).

Si embargo fue el decreto 16/2012 de Mariano Rajoy el que asestó probablemente la mayor puñalada asestada a nuestro SNS  con la eliminación de la Universalidad, elemento diferenciador con respecto a los sistemas de salud de otros países del  mundo. Se excluyó de un plumazo a 900.000 personas residentes en España y a los españoles que habían migrado fuera de nuestras fronteras.

Posteriormente, en 2018, la reforma del gobierno Sánchez no consiguió restaurar la universalidad, al dejar la puerta abierta a que las administraciones autonómicas gestionaran a su albedrío los 90 días que se exigían para poder acceder al derecho a la asistencia. REDER, la red de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal a la salud ha documentado desde entonces al menos 5000 casos que seguramente no sean más que la punta del iceberg de la exclusión sanitaria en nuestro país.

La nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del gobierno de Pedro Sánchez parece un paso adelante en el buen camino si bien esperamos que en la tramitación parlamentaria avance en equidad, evitando consolidar el modelo de las Mutualidades de funcionarios, y en el refuerzo de la Sanidad Pública, y devuelva a la ciudadanía española, incluidas las personas migrantes, los derechos sanitarios perdidos a lo largo de estos años. medicusmundi Por el Derecho Universal de la Salud.