Mientras el TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio e Inversión) entre EEUU y la UE parece quedar en hibernación tras el triunfo de Donald Trump, el CETA (Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio con Canadá), que pretende eliminar barreras arancelarias con Canadá y facilitar el intercambio comercial y de inversiones de bienes y servicios, ha sido ratificado el pasado 15 de febrero por el Parlamento Europeo tras ocho años de negociaciones en secreto, desde 2009. Votaron a favor del CETA 408 eurodiputados frente a 254 que lo hicieron en contra. Los diputados del Estado Español del Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y PNV votaron a favor, y en contra lo hicieron Podemos, Bildu, IU, ICV, ERC y Equo. Falta ahora solamente la ratificación de cada uno de los Parlamentos estatales de los estados miembros.

Se abre con el CETA un mercado de casi 500 millones de potenciales consumidores y consumidoras a los que hay que añadir los de EEUU y México a través del NAFTA (Tratado de Libre comercio de América del Norte). El CETA puede ser el submarino de la economía estadounidense en Europa, ya que gracias al NAFTA numerosas empresas transnacionales de matriz estadounidenses que disponen de filiales en Canadá van a tener las mismas oportunidades de operar con Europa a través del CETA. De hecho el 80% de las grandes corporaciones estadounidenses tienen algún tipo de participación en compañías canadienses.

El CETA, como el TTIP, supone un grave riesgo para los sistemas sanitarios públicos como los que conocemos en el Estado Español y en el País Vasco. Ambos tratados pretenden igualar a la baja para las dos partes firmantes las normas sanitarias, medioambientales, laborales, sociales y financieras. Los dos acuerdos están pensados únicamente para incrementar el flujo de inversiones, el comercio y el poder de las grandes corporaciones empresariales, impulsando su actividad a través de una menor regulación.

La propia Comisión Europea reconocía en sus declaraciones hace ahora un año, en mayo de 2016, la similitud entre ambos tratados: “El CETA es un acuerdo de referencia… Nuestra meta en ambas conversaciones es similar: llegar a un acuerdo global que ayude a nuestras empresas a prosperar en el mercado trasatlántico y generar crecimiento y empleo”.

Tal como alertaba ATTAC España en vísperas de la reciente votación del CETA, en el Parlamento europeo: “El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas, podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos”.

También limitaría la capacidad tanto de la UE como de Canadá de actuar contra patentes excesivas. La celebración por la EFPIA (Federación Europea de la Industria Farmacéutica) y por Farmaindustria, la patronal de laboratorios y principal lobby de la industria farmacéutica en España, de la aprobación del CETA por el Parlamento europeo es muy elocuente, sobre todo conociendo su feroz campaña de defensa de las patentes y contra los genéricos desarrollada hace unos años en el Estado Español: “El CETA permitirá, entre otros beneficios, consolidar y armonizar la protección de la propiedad industrial en el ámbito farmacéutico”.

Según Médicos y Pacientes, publicación de la Organización Médica Colegial (OMC), recogida en Acta Sanitaria (16/02/2017), “el CETA va a exacerbar aún más la subida de los costes de medicamentos por diversos motivos, entre ellos, la creación de un nuevo sistema de aumento de duración de la patente que retrasará la entrada de medicamentos genéricos al menos dos años” y el hecho de que “los costes de los medicamentos canadienses sitúan a este país en la segunda posición más alta del mundo después de Estados Unidos”.

Por otra parte, el CETA abre la puerta a más privatizaciones de servicios públicos y además incluye cláusulas que impiden la reversión al sector público de servicios privatizados, como las logradas en la Comunidad de Madrid, tras numerosas movilizaciones y diversas sentencias judiciales, y la más reciente del Hospital de Alzira, que el gobierno valenciano ha comenzado a rescatar.

Durante las negociaciones del CETA a puerta cerrada, once Estados miembros de la UE (entre ellos, España) se han comprometido a liberalizar –o sea privatizar– con el CETA los servicios de cuidados a largo plazo, como la atención residencial para la tercera edad.

El CETA facilitaría a las grandes empresas multinacionales el acceso sin restricciones a la contratación pública, restringiendo la capacidad de los gobiernos para apoyar a proveedores locales y sin fines de lucro y provocando la externalización de puestos de trabajo del sector público a empresas privadas, donde el personal soporta peores condiciones laborales.

Al igual que el TTIP, el CETA contempla también la creación de tribunales de arbitraje (ISDS/ICS); una justicia paralela y privatizada, ajena a los sistemas judiciales estatales, para resolver disputas entre las empresas y los Estados. Las grandes empresas tendrán derecho a denunciar a los Estados que aprueben legislaciones que perjudiquen a sus intereses y estos se enfrentarán a pagar multas millonarias, en base al lucro cesante, los beneficios estimados que dejarían de percibir.

La ciudadanía debe conocer los riesgos de privatización de los servicios públicos sanitarios que supone el CETA y cómo afectaría a la salud, así como exigir a sus representantes políticos una actuación democrática que ponga por delante la salud y el bienestar de la ciudadanía frente a  los intereses económicos de una minoría.