El estudio concluye que las desigualdades en salud se producen por un acceso desigual según el género, la clase social o el lugar de nacimiento a determinantes sociales de la salud como la vivienda, el empleo u otras condiciones de vida. En este ámbito, los sistemas sanitarios tienen un papel limitado a la hora de generar las desigualdades sociales en salud, pero sus características pueden ayudar o reducirlas o, por el contrario, a aumentarlas como consecuencia de la “ley de atención inversa”: la disponibilidad de los servicios sanitarios tiende a ser inversamente proporcional a la necesidad de la población asistida, es decir, se produce porque el sistema orienta su atención a toda la población sin tener en cuenta la distribución social de las necesidades de salud, de tal manera que se acaban destinando más recursos a quien menos lo necesita El sistema sanitario vasco muestra desigualdades de acceso a la atención especializada, si bien estas desigualdades son menores que otros sistemas sanitarios del entorno..

Por otra parte, en el caso de Euskadi, los servicios no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por el sistema sanitario público son una fuente importante de desigualdades en su uso en la CAV. En el acceso al servicio de dentista, por ejemplo, se observan claras desigualdades ya que son más frecuentes las consultas entre las personas con una posición socioeconómica más favorecida, tanto en hombres como en mujeres.

En lo que respecta a la privatización, el informe destaca que el porcentaje que la financiación privada representa en el total del gasto en salud se sitúa en la CAV en el 26,8%, muy por encima de la mayor parte de países del norte de Europa, como Holanda, Dinamarca o Noruega.  Este mayor grado de privatización se explica por el porcentaje que representa el gasto directo de los hogares en la financiación sanitaria. Se observa además una tendencia al incremento del aseguramiento privado (número de personas con un seguro privado de salud). De esta forma, en 2015 el número de personas con seguro privado en la CAV ha aumentado un 33,3% respecto a 2003.

En lo que respecta a la provisión del servicio, en la CAV uno de cada diez euros de dinero público que se invierte en asistencia sanitaria se destina a la contratación de empresas u organizaciones privadas, cantidad que ha disminuido ligeramente en los últimos años.

Los hospitales de agudos, el transporte sanitario y la salud mental suponen más de la mitad del gasto público concertado con empresas u organizaciones privadas.

La investigación alerta también sobre los riesgos de la privatización de la formación sanitaria.  Señala que la formación universitaria en salud es pública pero que aumenta la formación privada continua de las y los profesionales sanitarios. A nivel estatal la industria financia gran parte de la formación continua sanitaria (90%).

El estudio ha sido financiado por la Agencia Vasca de Cooperación y tiene como fin último promover un debate sosegado en torno a las políticas públicas de salud partiendo del contexto vasco y   expresa la necesidad de permanecer alerta y vigilantes ante las amenazas que acechan al derecho a la salud para todas las personas, fruto de la globalización.

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