Acogemos con satisfacción el hecho de que varias instituciones financieras ya hayan puesto a disposición de los gobiernos de países de ingresos bajos y medios recursos globales adicionales que permiten responder a la amenaza que supone la COVID-19 para sus comunidades; por ejemplo, en temas como la investigación, el desarrollo de vacunas, equipos de protección para los trabajadores sanitarios, pruebas diagnósticas y apoyo a programas en la gestion de la respuesta.

Sin embargo, observamos que los programas de apoyo financiero no dan prioridad específicamente a la necesidad urgente de contratar personal sanitario adicional en contextos de recursos limitados, ni a la mejora de la remuneración y las condiciones de trabajo de las personas que prestan servicios actualmente. Habida cuenta de la presión sin precedentes que pesa sobre los sistemas de salud avanzados, nos preocupa enormemente la situación de los países que no han abordado el problema que supone la escasez de personal sanitario en circunstancias normales (1). La crisis actual ofrece a los financiadores de la salud mundial la oportunidad de comprometerse y contribuir a una financiación conjunta y adecuada que dé lugar a importantes inversiones a largo plazo en el personal sanitario, basadas en un análisis sólido de los mercados laborales sanitarios. Con ello se puede dar respuesta a corto plazo,   al COVID-19, pero también crear una sólida capacidad de resistencia del sistema sanitario y de preparación y respuesta de los trabajadores sanitarios en el futuro. Asimismo, se podrá garantizar la capacidad de respuesta ante las amenazas a la salud pública, la cobertura sanitaria universal (CSU) y la salud para todos como un derecho humano.

La mayoría de los organismos a los que dirigimos esta carta se han comprometido a trabajar conjuntamente en sus políticas programáticas, operativas y financieras, tanto con los gobiernos como entre sí, mediante la firma del Plan de Acción Mundial para una Vida Sana y Bienestar para todos y todas. Se comprometieron a que todas sus acciones tendrán perspectiva de género, estarán orientadas hacia la equidad, basadas en los derechos humanos y centradas en las personas, y - en lo que respecta a la financiación de la salud - a garantizar una mejor formación, reparto y utilización de los fondos públicos y mancomunados para la salud. Instamos a los organismos a que se atengan a estos principios en las iniciativas de ayuda y restauración de los esfuerzos para combatir a la COVID-19, incluido el incremento del personal sanitario.

La mayoría de los gobiernos nacionales han previsto y calculado los costes de los recursos humanos para los planes de salud, pero éstos no siempre se aplican adecuadamente debido a las limitaciones fiscales y presupuestarias. Además, las medidas de austeridad, como la contención de los salarios, paralizaron la inversión en el personal sanitario durante muchos años. Esto provocó la congelación de la remuneración y la contratación, lo que dio lugar a una reducción drástica del número de puestos de trabajo en el sector de la salud, a pesar de que en muchos países hay excedente de trabajadores sanitarios desempleados, muchas de ellas mujeres y jóvenes que se quedan sin medios de subsistencia. Esos trabajadores sanitarios desempleados constituyen ahora un recurso crucial sin explotar en la respuesta a la COVID-19. Es necesario adoptar urgentemente medidas de colaboración para que los gobiernos puedan contratar a esos trabajadores y protegerlos, y para ampliar rápidamente la capacitación y la contratación de millones de trabajadores sanitarios adicionales protegidos y equipados para prestar atención sanitaria a todas las personas. Los gobiernos no pueden permitirse el lujo de desviar su limitada fuerza de trabajo en el sector de la salud, ya que ello podría paralizar o incluso invertir los esfuerzos y los logros alcanzados en los programas de lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis, la salud sexual y reproductiva, el paludismo y la salud materno-infantil, entre otros.

Los impuestos sanitarios, las mejoras de la eficiencia y las reformas de las finanzas públicas, tal como se aconseja actualmente, sólo movilizarán recursos limitados y no bastarán para ayudar a los países a hacer frente a sus necesidades de personal sanitario en medio de la pandemia, y después de ella.

Dado que el 70% del personal de salud en todo el mundo son mujeres, también es fundamental que el apoyo a los recursos humanos de la salud -durante la crisis de COVID-19 y después- se atenga a la perspectiva de género. Los países y los organismos deberían asegurarse de que la contratación y la formación de los trabajadores y trabajadoras de la salud tengan en cuenta las cuestiones de género y adoptar medidas para reducir la brecha salarial del 28% en este sector. Los mecanismos de financiación deberían aplicar un marcador de género, o incluir en la elaboración de presupuestos, análisis y auditoría la perspectiva de género, para promover esta responsabilidad en la rendición de cuentas sobre el personal sanitario.

Como sociedad civil, pedimos a la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI), , al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (FMSTM), al Mecanismo Financiero Global  (GFF), el Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que aborden las deficiencias en materia de recursos humanos para la salud, aprovechando y mejorando las estrategias mundiales existentes, en particular la Estrategia Mundial sobre Recursos Humanos para la Salud: Workforce 2030, y el programa Working for Health and Growth: Investing in the Health Workforce High Level Commission on Health Employment and Economic Growth (HEEG). Si bien pedimos a todas las partes destinatarias que movilicen fondos para la rápida contratación de personal sanitario adicional y la retención del personal sanitario existente, también pedimos que se considere la sostenibilidad de su inversión.

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