Existe una relación directa entre las leyes restrictivas contra el aborto y las consecuencias directas sobre la salud de las mujeres y las niñas. El aborto es un fracaso de las políticas de planificación familiar, y contribuye de manera importante a la morbilidad y mortalidad materna, ya que los que se realizan fuera de la ley se hacen en condiciones inseguras, o son llevados a cabo por personas que a lo mejor no están cualificadas, o incluso están provocados por las propias mujeres embarazadas en condiciones insalubres.

Desde medicusmundi somos partidarias de tomar medidas para reducir el número de abortos no deseados y los abortos inseguros a través del desarrollo de proyectos sobre la planificación familiar y la educación, y por supuesto somos férreas defensoras del derecho de las mujeres a decidir sobre cuándo, cómo y con quién quiere tener relaciones sexuales, y cómo y cuándo quieren ser madres, o no serlo.  De la misma forma que no se puede forzar a una mujer a abortar, tampoco se le puede obligar a ser madre en contra de sus deseos. Los factores que determinan la capacidad de las mujeres y niñas para ejercer su libre decisión sobre su cuerpo y/o su derecho a tener hijas o no, son tanto sociales como económicos: la vergüenza, la pobreza, el miedo, la desigualdad de género y/o la violencia de género. Y la reducción de esta cifra sabemos que depende de medidas como la práctica de un aborto seguro, el acceso a anticonceptivos, la reducción de la brecha de inequidad de género, el fin a las relaciones forzosas y la eliminación de los matrimonios infantiles y/o forzosos, y formación e información a toda la población sobre los problemas de los embarazos en adolescentes.

La mayoría de los abortos inseguros se producen en países de renta baja. Tristemente ahora se sumará otro de renta alta: Estados Unidos. La incomprensible deriva de este país que en su día fue pionero y adalid de los derechos sexuales y reproductivos acaba de dar un giro de ciento ochenta grados con la anulación de la histórica sentencia Roe contra Wade de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. Ya no existe el derecho constitucional federal al aborto. En adelante serán los propios estados quienes decidan si quieren seguir manteniendo este derecho o eliminarlo, y se prevén largas batallas judiciales principalmente en los estados más conservadores, donde organizaciones religiosas emplean cientos de millones de dólares en derogar leyes a favor del aborto y contra los derechos LGTBI+. El instituto Guttmacher de New York calcula que, a medio o largo plazo, un mínimo de 26 de los 50 estados prohibirá o restringirá el aborto. La mitad de la población femenina, alrededor de 84 millones de mujeres (sobre todo afroamericanas, indígenas, latinas, mujeres de rentas bajas, madres solteras, …) en Estados Unidos se verá afectada tarde o temprano por un cambio de rumbo contra sus derechos sexuales y reproductivos. Mención aparte merece los “baby boxes”, o buzones para depositar al bebé no deseado promovido por la derecha más reaccionaria y cuyo objetivo es darlos en adopción.

A su vez en otras partes del continente americano - históricamente a la cola en derechos sociales- inunda la Marea Verde, como se le ha llamado al movimiento proabortista en América Latina y surgido en Argentina tras años de protestas masivas. Con eslóganes como #NiñasNoMadres están cambiando la narrativa para sensibilizar a las sociedades latinoamericanas. Colombia ha sido el último país en subirse a esa Marea Verde tras Argentina, México, Chile, Uruguay y Ecuador. Y desde México ya se están organizando colectivos como Las Libres de Mexico con el objetivo de ayudar a las mujeres del otro lado de la frontera. Por primera vez el flujo fronterizo transcurre en sentido contrario, el sur ayuda al norte.

Pero en Centroamérica encontramos los países con leyes más restrictivas. Nicaragua (desde la subida al poder de Daniel Ortega), Honduras o El Salvador. Este último contempla penas de más de 50 años de cárcel, y donde en los últimos 20 años más de 200 mujeres han sido encarceladas incluso por abortos naturales.

Es precisamente en El Salvador donde trabajamos en proyectos en pro de la mejora de los derechos sexuales y reproductivos (DDSSyRR), y la violencia contra la mujer junto a la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, Las Mélidas, a través de los  movimientos sociales y feministas en los Departamentos de San Salvador y Cuscatlán.

A través del empoderamiento de mujeres lideresas comunitarias desarrollamos un proceso de incidencia política y social de los DDSSyRR, y la prevención de violencia a nivel local con la creación de espacios de participación social. Fomentamos y generamos debates involucrando tanto mujeres como a hombres.

También en El Salvador el ya finalizado Proyecto de Mejora de las Capacidades de los Centros de Salud para el abordaje integral en adolescentes de la Violencia Sexual, el Embarazo y la Mortalidad Materna. El proyecto se orienta hacia la mejora de las capacidades de los centros de atención primaria de salud para mejorar el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, especialmente de las mujeres adolescentes de los municipios de Santa Ana, Coatepeque y El Congo.

La OMS ha publicado una guía técnica para los Estados sobre la necesidad de identificar y eliminar tales obstáculos y con el objetivo de ayudar a los países a ofrecer ese tipo de atención crucial a las mujeres y las niñas. La OMS afirmó que el acceso al aborto seguro es fundamental para proteger la salud de las mujeres y las niñas, y para prevenir miles de muertes evitables. A la par que una parte crucial de la atención sanitaria.

Declaración de medicusmundi por el Derecho de la mujer a decidir