Llamamos a las distintas organizaciones sociales conformar un frente común de lucha ante este atropello a los derechos humanos de los ciudadanos, para exhortar al Estado ecuatoriano a cumplir con la orden judicial ecuatoriana, es decir, a pagar dichos recursos a los afectados por las operaciones de Texaco, y no entregarle los recursos a la petrolera. Que los recursos que Chevron intenta extirpar a los ecuatorianos, se pueden quedar dentro del Ecuador, pagando a los afectados por Chevron. Extendemos este llamado para exigir que se respete la orden judicial ecuatoriana y la sentencia, respectivamente; y, que el crédito que mantiene actualmente el Estado a favor de la petrolera, sea inmediatamente transferido a los afectados para que éstos puedan iniciar lo antes posible los planes y proyectos de reparación ambiental y social. Rechazamos toda pretensión de someter la justicia ecuatoriana a los dictámenes injerencistas de cortes extranjeras. Recordamos que la sentencia en contra de Chevron ha sido ratificada por el sistema judicial ecuatoriano y bajo ninguna circunstancia un tribunal extranjero puede constituirse en una cuarta instancia. Ello derivaría en la supresión de la soberanía y el sometimiento de nuestros países a intereses económicos y políticos extraños a las necesidades de nuestros pueblos.

Recordemos los hechos de este juicio histórico de más de dieciséis años: El caso Chevron - uno de los más emblemáticos a nivel mundial- es una muestra patente de la forma en la que los Estados son víctimas del sistema de justicia internacional; y, cómo esas mismas corporaciones siguen gozando de impunidad en todo el planeta. Entre 1990 y 1993, la petrolera Texaco, actualmente Chevron, planteó siete juicios de carácter comercial en contra del Estado ecuatoriano y de la empresa pública Petroecuador pero esos casos Bajo el sistema judicial ecuatoriano, la parte denunciante o interesada en un proceso tiene la obligación de impulsar un proceso judicial. Esos seis casos comerciales nunca fueron impulsados por la petrolera. Por otra parte, los afectados por el daño ambiental causado por las operaciones de Texaco (hoy Chevron), en el año 1993, plantearon un juicio en contra de la petrolera en las cortes del Estado de Nueva York. Como una estrategia de la petrolera, para lograr que los jueces de los Estados Unidos desestimen la demanda de los afectados ecuatorianos, entre los años 1994 y 1998, procedió a celebrar un acuerdo de remediación ambiental con el Estado ecuatoriano y la petrolera estatal Petroecuador, durante ese periodo Texaco realizó trabajos para la supuesta remediación ambiental[1]. Con ese contrato y la posterior acta de liberación de responsabilidades, Chevron pidió a los jueces de Estados Unidos que desestimen la demanda realizada en Ecuador. Para el año 2003, el caso se radicó en Ecuador; y, una vez que se empezaron a generar pruebas contundentes que inculpaban a la petrolera, ésta optó por plantear un arbitraje internacional en contra del Ecuador, acusándolo de denegación de justicia. Según la petrolera, hasta el año 2006, habían transcurrido 15 años, y esos juicios no se los había concluido. En verdad la petrolera nunca impulsó esos procesos judiciales.

El Estado planteó distintos argumentos jurídicos y técnicos ante los árbitros, ya que consideró que se estaba desconociendo al sistema de justicia de un país soberano. Es más, se aplicaba un convenio bilateral de protección de inversiones de forma inadecuada y retroactiva. Finalmente, el panel de arbitrajes ordenó que el Estado ecuatoriano le pague a Chevron la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES DE DÓLARES. Por su parte los afectados, conformados por más de 30.000 indígenas y campesinos, agrupados en la Unión de Afectados por Texaco, UDAPT, lograron que la justicia ecuatoriana condene a Chevron a pagar más de 9.500 millones de dólares para reparar, en lo que es posible, el daño causado por la petrolera. Es evidente que el sistema de justicia internacional en éste caso, de arbitraje internacional, está construido para proteger a las corporaciones, desconociendo en muchos casos a los sistemas de justicia domésticos y soberanos de cada Estado. Es real que tanto éste arbitraje, como los otros dos casos, conocidos como Chevron I y Chevron III, fueron planteados por la petrolera como represalias o retaliación en contra del Estado ecuatoriano, por permitir el procesamiento del juicio ante el sistema de justicia ecuatoriano. Es injusto pero real, que hoy el Estado ecuatoriano, le adeuda a la petrolera Chevron la suma de 96.355.369,17 dólares, más intereses. Pero al mismo tiempo es real y más que justo que la petrolera le adeuda a los afectados la suma de 9.521.000.000,00 de dólares americanos. No puede por una parte exigirse al Estado a cumplir con una deuda injusta y por otra parte negarse a cumplir con una deuda legítima.