A día de hoy, se estima que  entre 140 y 200 millones de niñas y mujeres de todo el mundo han sufrido algún tipo de mutilación genital, de las cuales 44 millones son menores de quince años. Destacando negativamente el caso de Somalia, donde el porcentaje de mujeres afectadas por esta nociva tradición es del 98%.

Aunque, a nivel general,  su incidencia ha disminuido si no se frena esta práctica y la tendencia actual continúa, el número de niñas sometidas a MGF aumentará durante los próximos años, de modo que  hasta 2030, aproximadamente 30 millones de jóvenes estarían en riesgo de ser mutiladas antes de cumplir los quince años.

Desde que en 1997 la FNUAP y la UNICEF, en una declaración conjunta, se pronunciaran contra esta práctica nociva, hasta entonces “ invisibilizada “, se han realizado esfuerzos para luchar contra la MGF a través de la investigación, del trabajo con las comunidades en las que se practica y del cambio en las políticas públicas de los países en los que la ablación está tradicionalmente arraigada.

El “Protocolo de Maputo” en 2003,  instó a los Estados a “prohibir y condenar toda forma de prácticas nocivas que afecten negativamente a los derechos humanos de las mujeres y que sean contrarias a las normas internacionales reconocidas”, en su artículo cinco habla de la obligación específica de eliminar la MGF.

En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una Resolución en la que condenaba la MGF y  pedía a los Estados Miembros que prohibieran y castigaran esta práctica, exhortaba a seguir observando el 6 de febrero como el “Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina”, aprovechando la ocasión para mejorar las campañas de sensibilización y tomar medidas concretas contra la MGF.

En febrero de 2016 la mutilación genital femenina se abordó desde Naciones Unidas como una prioridad entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, marcándose como objetivo acabar con esta práctica y con el matrimonio infantil para el año 2030.

A este esfuerzo internacional se une el de muchos países donde la mutilación está tradicionalmente enraizada y así en algunos países africanos se han iniciado leyes que penan la práctica de la escisión. Por ejemplo, Burkina Faso cuenta desde 1996 con una legislación específica. En 2015, Gambia y Nigeria prohibieron por ley la MGF. En ese mismo año, en Somalia –el país con la prevalencia de la ablación más alta del mundo, el Ministerio de la Mujer propuso que esta práctica fuera ilegal. En 2016 se han producido los avances legislativos más importantes en la lucha contra la mutilación genital femenina. El Parlamento Panafricano, el órgano legislativo de la Unión Africana, aprobó en agosto de 2016 la prohibición de las prácticas de la mutilación genital femenina en sus 50 estados miembros, en virtud del Plan de Acción firmado por sus 250 diputados y representantes del Fondo para la Población de Naciones Unidas (FNUAP).  

En Burkina Faso, país en el que Medicus Mundi Andalucía viene realizando un importante papel en su erradicación, gracias a  programas de cooperación sanitaria apoyando al “Comité Nacional de Lucha contra la Práctica de la Escisión”, sobre todo en las zonas rurales, de difícil acceso y con menos recursos, como en la sensibilización y formación de los profesionales sanitarios en contacto con mujeres que han sido mutiladas o están en riesgo de serlo, la MGF afecta al 76% de las mujeres entre 15 y 49 años y a un 13% de niñas entre 0 y 14 años, cifras que reflejan un considerable descenso en los últimos años.

Pero la MGF no es un problema que esté delimitado por fronteras geográficas y en virtud de los fenómenos migratorios, se estima que en España residen en torno a 57 mil mujeres de origen subsahariano y que en torno a unas  17 mil niñas están en peligro de sufrir mutilación genital, se trata de menores de 14 años, residentes en el territorio español, que proceden de países donde persiste la práctica de la ablación y que muchas de ellas corren el riesgo de ser mutiladas aquí o en sus países de origen cuando marchan de vacaciones. Nuestra legislación es explícita al respecto, con condenas a los progenitores que van desde la retirada de la patria potestad hasta doce años de prisión. Además, la Ley Orgánica 3/2005 acordó perseguir extraterritorialmente la práctica de la MGF.

En el estado español tenemos importantes retos tanto en la atención sanitaria a mujeres inmigrantes que fueron mutiladas en sus países de origen y como en la prevención de esta práctica en sus hijas.

Algunas Comunidades Autónomas -como Cataluña, Cantabria Aragón, Navarra, Euskadi y Andalucía -, han desarrollado sus propios protocolos interdisciplinares de actuación.

En el marco de la “Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer”, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género publicó un documento sobre “La Mutilación Genital Femenina en España” y en el año 2015 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, publicó el “Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina”. Se trata de una herramienta para orientar actuaciones homogéneas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud que permitan mejorar la salud de las mujeres y las niñas a las que se ha practicado la MGF, así como trabajar en la prevención y detección del riesgo en niñas que está en situación de vulnerabilidad. Este documento estatal es únicamente sanitario, pero no contempla las otras instancias implicadas, sobre todo educativas y sociales.

Desde Medicus Mundi  pensamos que en un país como España y especialmente  en aquellas zonas de destino de la población inmigrante como puede ser Andalucía, necesitamos visibilizar este problema, además de sensibilizar y formar a los profesionales de la educación, los servicios sociales y la sanidad que están en contacto con poblaciones en riesgo. Necesitamos materiales formativos, políticas y directrices para poder tratar y aconsejar a las mujeres que han sufrido algún tipo de mutilación, así como para prevenir la pervivencia de la práctica en sus hijas nacidas en España. En este sentido, la educación, la prevención, la detección y la atención son fundamentales para reducir la incidencia de la mutilación en las nuevas generaciones.

Es preciso seguir trabajando por la igualdad y los derechos de las mujeres, favoreciendo su acceso a la educación, la salud y a los procesos de toma de decisiones, de modo que la erradicación de la mutilación genital femenina sea una realidad.

Por Mª Isabel Oliver .