-Parafraseando el subtítulo del libro del cual es coordinador, ¿qué es eso que deberíamos saber sobre la privatización de la sanidad pública y que nadie quiere contarnos?

Desde la CAS (Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad Pública) creemos que es importante hablar de sanidad, porque es un servicio que debiera ser accesible a toda la población. Pero, asimismo, deberíamos hablar de salud. Son dos cosas diferentes. Nosotros empezamos la lucha en Madrid en el 2004, cuando tuvimos información de primera mano de que iban a desmantelar el sistema público madrileño, como después se ha hecho en cosa de cinco años. La batalla fuerte fue de 2004 a 2012. Conseguimos reunir medio millón de firmas para derogar la Ley 15.97 sobre la habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, las llevamos al Parlamento, pero ningún partido quiso saber nada y tampoco los medios de comunicación, a pesar de que congregábamos a 40.000 personas en las manifestaciones que convocábamos cada tres meses exigiendo la derogación de esta ley. Durante este tiempo básicamente nos acompañaron personas usuarias y algunos profesionales del sector sanitario. Luego, en 2012, cuando ya teníamos 12 hospitales privados abiertos y se habían eliminado miles de camas de hospitales públicos, el gobierno regional madrileño tomó además medidas que de alguna forma afectaban a las condiciones económicas y laborales de las plantillas. Es entonces cuando surgen las mareas blancas, a las que sí se da cobertura mediática, cuando el proceso de privatización ya llevaba varios años en marcha. En ese sentido y en otros, somos muy críticos con la Marea Blanca y con toda esta gente que estuvo callada mientras veía la construcción de hospitales privados frente al suyo y no dijo absolutamente nada. Para la CAS, no han querido ir al fondo del asunto.

-En ese fondo está otro riesgo que, para ustedes, pudiera ser tanto o más peligroso que la privatización…

En Andalucía un grupo de médicos eventuales con contratos basura han firmado una de las partes del libro, “Gestión clínica, ese oscuro objeto de deseo”, en el que explican en qué consiste este sistema, que no es introducir la privatización, sino la mercantilización en el ámbito clínico. No hay empresas privadas, pero se introducen criterios económicos y de mercado en la relación con el paciente. De tal manera que quienes reducen el gasto sanitario con pacientes a lo largo de un año, derivándoles menos a especialistas o gastando menos en farmacia, reciben incentivos económicos que pueden variar entre 7.000 o 14.000 euros al año. Ese es el modelo que se está practicando en Andalucía, en menor medida en Asturias y que se ha ido introducido por la “izquierda”, así como por el PP en las autonomías donde gobierna, como Castilla-León. El PSOE acaba de anunciar que lo va a introducir también en Castilla-La Mancha. Éste es un mecanismo que puede ser más peligroso que ceder a un banco la explotación de un hospital, porque es introducir en el funcionamiento diario del personal clínico el objetivo economicista y no el de curar o promover la salud. El objetivo único es reducir el gasto, no hay otro.

-¿Las consecuencias que tiene para la salud de las personas un modelo así son peores que la privatización?

De momento, con los datos en la mano, son sistemas menos malos que los privados, porque está claro que cuando se privatiza un hospital todos los estudios internacionales demuestran que la mortalidad se eleva un 2% entre las personas adultas, un 8% en las crónicas y un 9,5% en recién nacidos, porque al final del año hay dinero que hay que repartir, y ese solo sale de reducir el gasto sanitario o la plantilla. Pero tampoco es un modelo que nos guste.

-En el libro se muestran experiencias que están funcionando frente a la privatización.

Recogemos experiencias que son luchas en defensa del sistema público, pero también otras de creación de estructuras autogestionarias. Como el caso de Tesalónica, en Grecia, donde han organizado la sanidad entre asambleas de barrios y personal sanitario para mantener unas estructuras de atención primaria sin ser gestionadas por el Estado y que llevan funcionando en algunos casos seis años, consiguiendo dar asistencia sanitaria a casi tres millones de personas que quedaron excluidas del sistema público cuando se aprobó la ley por la que quien llevaba más de un año en paro perdía la atención sanitaria integral y solo le quedaba abierta la puerta de urgencias.

-Además de cuestionar el modelo de gestión también criticáis el modelo médico implantado.

Sí, hablamos de la deriva del modelo médico. Entendemos que la atención sanitaria es importante, pero el Informe Lalonde de 1974 ya demostraba que en los países occidentales dicha asistencia solo puede reducir un 11% la mortalidad. Los factores que podían reducirla realmente ya entonces eran el medio ambiente en un 18% y los estilos de vida en un 43%. Esos porcentajes han ido aumentando y en 2010 la UE reconocía que tres cuartas partes de la mortalidad dependen de estos factores. Sin embargo, estos determinantes de salud en el sistema sanitario no se tocan, porque si realmente se hiciese prevención estaríamos actuando contra lo que nosotros llamamos los productores de enfermedad.

-¿Cuáles son esos productores de enfermedad?

Hoy en día hay suficientes evidencias de que las industrias tóxicas están provocando, por ejemplo, miles de muertes por cáncer que no se deberían producir… Hay otros muchos factores que están actuando y que van ligados al modo de vida consumista e hiper desarrollado que llevamos y que son los que están alimentando la creación de personas enfermas que no deberían serlo y que son los que alimentan todo el modelo económico sanitario. Cada vez estamos más en manos de las farmacéuticas, del complejo médico industrial, etc.

-En el cambio de modelo que plantea el libro se insta a la población y al personal sanitario a que participen directamente en este cambio en el que las Administraciones parece ser que no tienen demasiado interés.

No tienen interés porque entraríamos en lucha con el modelo capitalista de crecimiento ilimitado. Te pongo un ejemplo que tenéis muy cercano en Euskadi, el de la incineradora de Zubieta. Hay multitud de estudios científicos que reconocen una sobremortalidad por cáncer, malformaciones congénitas o incremento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias si tienes una incineradora de residuos urbanos cerca. Sin embargo, no he visto ningún documento de Osakidetza advirtiendo de que la incineradora sería mala para su salud. Y, según el artículo 43 de la Constitución, las instituciones están obligadas a garantizar la salud colectiva. Entonces, es la propia ciudadanía la que debe defender sus derechos. Experiencias como la de Gracia demuestran que tampoco hay que dejar todo en manos de “papá Estado”. Los trabajadores sanitarios griegos han sido capaces de crear pequeñas estructuras sanitarias para atender a la población, y son centros que no tienen nada que envidiar a los del Estado español.

-¿Qué acciones deberían llevar a cabo ciudadanía y profesionales sanitarios para una mejora del modelo actual?

En primer lugar habría que obligar a los políticos a que se establecieran mecanismos de control democrático del funcionamiento de los centros. Eso pasa, en primer lugar, por la transparencia. En el Estado español no hay posibilidad de acceder a los datos sensibles de funcionamiento y resultados del sistema sanitario. Los que podemos encontrar son datos globales y se cuidan muy mucho de que no tengamos acceso a los desagregados. Si tuviésemos los datos conseguiríamos que fuera transparente el funcionamiento del sistema y podríamos incidir en las áreas donde no está funcionando. Después habría que crear mecanismos de gestión democrática entre personal de los centros y la población donde se ubican dichos centros. Habría que trabajar en conjunto, y no solo para gestionar la asistencia sanitaria, sino que se podría trabajar en diagnósticos de salud, tal y como marcaba la Ley General de Sanidad del 86 y que nunca se hicieron. Si se realizaran estos diagnósticos, sabríamos los problemas sobre los que hay que actuar. Como te decía antes, si una determinada industria está incidiendo en la salud de las personas, hay que actuar sobre ella, porque lo primero debe ser la salud de las personas, no los intereses empresariales. Pero, en estos momentos el sistema no parece favorable a llevar esto a cabo y la población tampoco parece que esté muy por la labor porque está en otras cosas. No podemos engañarnos, la población mayoritariamente está inmersa en un modelo de consumo determinado y solo se plantea estos temas una minoría.

-¿Hay una desmovilización de la gente? ¿Nos hemos acostumbrado a que todo nos lo solucione, como decía antes, “papá Estado”?

Es más fácil mover a la población si no se ha cubierto un puesto de pediatría en un centro de salud determinado que por una incineradora que está asesinando a sus hijos. Desafortunadamente es así, y no hay una varita mágica para solucionar estos problemas. Y seguramente muchos de estos problemas tengan que ver con esta desmovilización consecuente del modelo de consumo en el que nos encontramos. Eso ha conllevado un individualismo y un hedonismo en el que la gente quiere solucionar sus pequeños problemas, perdiendo la idea de que los grandes avances históricos se han conseguido siempre con grandes movilizaciones colectivas, como pasó con la jornada de ocho horas o el voto de las mujeres, que costaron mucho tiempo y esfuerzo.

-¿También en lo que tiene que ver con los tratamientos nos hemos acomodado? ¿Se ha tendido a una medicalización más que a una responsabilización de la propia salud?

Esto es fruto del modelo de consumo. Lo mismo que consumimos en un gran almacén la gente consume fármacos creyendo que está consumiendo salud, cuando los efectos secundarios de estos fármacos son la tercera causa de muerte en Europa. La primera son las enfermedades cardiacas, la segunda el cáncer y la tercera el consumo de fármacos. Eso nos dice mucho en el modelo social en el que estamos. No estamos luchando contra los determinantes que nos están provocando enfermedades día a día y queremos solucionar todos nuestros problemas de salud haciéndonos muchas pruebas diagnósticas o tomando mucha medicación. Y un mayor consumo de recursos sanitarios o un incremento de la renta de un país no es síntoma de mayor salud, sino todo lo contrario. Los condicionantes de salud muchas veces no están ligados al dinero sino al modelo instaurado, entre otras cosas. Antes llevábamos en casa la gestión de los pequeños procesos de enfermedad, pero todo eso se ha perdido. Yo trabajo en un servicio de urgencias y no te puedes imaginar lo que nos llegan sin ser enfermedades ni urgencias. Hemos perdido mucha autonomía en nuestro autocuidado y el de nuestros hijos.

-¿Esta situación es extrapolable a cualquier lugar del Estado; también a Euskadi?

Lo que vemos claramente es que a mayor consumo sanitario hay peor salud o peor sensación de salud entre la población. Así que no hay cambios generales en la salud si no hay un cambio general. Lo que tendríamos que hacer es ir pensando que estamos asistiendo a los estertores del modelo industrial desarrollista de consumo ilimitado de recursos y que nuestros hijos e hijas se van a encontrar con un escenario totalmente nuevo. En ese sentido, tendríamos que ir buscando soluciones de salud colectiva que son mucho más baratas, porque actuar contra los determinantes es más barato que intentar luego diagnosticar y tratar a la gente. Y deberíamos ser conscientes de que deberíamos llevar un estilo de vida mucho más sencillo, en el que el estrés crónico no esté completamente instaurado. Hoy en día se sabe que muchas de las enfermedades, como el cáncer o las cardiovasculares, están relacionadas con el estrés crónico que padecemos en grandes conurbaciones y con trabajos estresantes, algo que va deteriorando todos los órganos. Al final lo que estamos haciendo muchas veces es poner camisas de fuerza químicas a la gente, cuando es el sistema en el que vivimos el que genera enfermedad por todas partes. Lo que necesitamos es un cambio global. Nos dirán que es una utopía, pero que sí creemos que va a haber cambios; aunque en algunos casos, no soy tan optimista, también para mal.

-Ya que hablamos de cambios, ¿de qué manera van a afectar los Tratados de Libre Comercio (TLC) que se aprueben a los sistemas públicos de salud? El CETA, de hecho, ya está aprobado a nivel europeo y a nivel estatal solo falta su aprobación por el Senado…

La manera en que van a afectar ya estaba iniciada de alguna manera con los procesos de privatización. El objetivo del desembarco de las multinacionales norteamericanas con los TLC es entrar en el negocio sanitario que se está abriendo en Europa y competir con las empresas que ya estaban aquí con el objetivo de quedarse con las partes rentables del sistema sanitario público. Porque no se va a privatizar lo que no es rentable. Siempre va a quedar un sistema de beneficencia que cubra enfermedades como las infecciosas, pues éstas no tienen limitaciones de clase. No interesa que haya tuberculosis porque puede afectar a todo el mundo. Con esto a lo que estamos abocados es a una sanidad de dos velocidades en la cual habrá gente que se pueda pagar determinados tratamientos y gente que no va a tener acceso a ellos en el sentido práctico. Podrás estar en una lista de espera para una operación en el sistema público, pero si éste está muy deteriorado puede que no llegues a tiempo a la operación. Los TLC supondrán una aceleración de los procesos de privatización y las multinacionales vendrán a las rebajas, a quedarse con lo que sea rentable.